OBSERVACIONES

La situación actual del Sáhara Occidental es a todas luces ilegal desde la perspectiva jurídica internacional. Sin embargo, la postura de la comunidad Internacional está inclinando gradualmente la balanza del lado de Marruecos, para desesperación de los saharauis. Se pasan por alto elementos tan fundamentales como los derechos humanos, violados sistemáticamente por el país alauita en actos que sólo pueden ser calificados como represión. En este contexto, Marruecos ha adoptado una postura totalmente intransigente en la resolución del conflicto: mantiene las negociaciones paralizadas a condición de que se retomen en la concesión de un estatuto de autonomía para lo que denomina “Provincias del Sur”.
Esto marca un cambio en su política, ya que Hassan II nunca se negó a la celebración de un referéndum de Autodeterminación, cosa que Mohamed VI no ha tenido reparos en hacer.
En cualquier caso la ONU aboga por una salida negociada al conflicto, lo cual es prácticamente imposible, a menos que por esto se entienda acatar la voluntad de Marruecos, que ya se ha decantado claramente por una opción que va en contra de la legalidad internacional.
Así las cosas, parece que al pueblo saharaui no le quedan sino dos opciones: continuar resistiendo indefinidamente o ceder.
La cuestión crucial en este conflicto es por qué no se adoptan medidas contundentes si la legalidad internacional señala con luces de neón cuál es el camino que se debería seguir. La incógnita queda abierta, mientras tanto seguiremos observando cómo la línea que separa lo justo de lo injusto sigue difuminándose intencionadamente.