El Sáhara Occidental está considerado en la actualidad un territorio no autónomo bajo supervisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Esta denominación hace referencia a los territorios dependientes de otros estados que deben ser descolonizados. Desde el punto de vista legal, el Sáhara Occidental no ha sufrido este proceso, puesto que fue interrumpido por la ocupación de Marruecos y Mauritania y por la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid. La descolonización por parte de la potencia administradora pasaría además por un Referéndum de Autodeterminación que aún no ha tenido lugar y cuyos preparativos estaban previstos para los primeros meses de 1974.
La responsabilidad de España sobre la situación actual en el Sáhara ha sido reconocida en un reciente informe solicitado por el Consejo de Seguridad de la ONU (documento S/2002/161). En él se afirma que los Acuerdos Tripartitos de Madrid no hicieron potencias administradoras ni a Marruecos ni a Mauritania, por lo que desde el punto de vista jurídico el Sáhara Occidental continúa siendo un territorio no autónomo.
El sexto párrafo del informe, fechado el 29 de enero de 2002, cita lo siguiente: “El 14 de noviembre de 1975 España, Marruecos y Mauritania emitieron en Madrid una declaración de principios sobre el Sahara Occidental (el “Acuerdo de Madrid”), con arreglo al cual las facultades y responsabilidades de España, como Potencia administradora del Territorio, se transfirieron a una administración temporal tripartita. El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la autoridad administrativa sobre el Territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional del Sahara Occidental como Territorio no autónomo”.
Por tanto, la potencia administradora del territorio continúa siendo España en última instancia, aunque Marruecos es el administrador de facto de la mayor parte del territorio. A pesar de estas claras responsabilidades, las autoridades españolas se han anclado en posturas un tanto ambiguas, alineándose con las potencias occidentales. Así las cosas, la balanza parece inclinarse por la opción presentada por Marruecos de una autonomía para el Sáhara Occidental. Los sucesivos gobiernos españoles desde la Transición han tratado de adoptar una posición acorde con la legalidad internacional, pero desde que Felipe González afirmó en Tindouf: “Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final”, hasta hoy ha llovido mucho.
Un ejemplo de esto lo constituyen los altercados sucedidos en la precampaña de las pasadas elecciones. En un mitin
celebrado el 14 de abril de 2007 en Santa Cruz de Tenerife, José Luis Rodríguez Zapatero denominó en dos ocasiones “caladeros marroquíes” a lo que en realidad son caladeros saharauis, felicitándose por la reanudación de la actividad pesquera en los mismos. Esto provocó las protestas de un integrante del público, que fue detenido y sacado del recinto. Los acuerdos pesqueros de España y Marruecos en zona ocupada violan además las restricciones de comercio establecidas para los territorios no autónomos. Estos hechos muestran el giro que ha experimentado el Partido Socialista respecto a la situación del Sáhara Occidental.
Por otra parte, es necesario señalar que desde el punto de vista geoestratégico España tiene ciertos motivos para intentar tener buenas relaciones con el país alauita. Ambos países no sólo comparten fronteras marítimas (el Estrecho de Gibraltar en el Mediterráneo y las aguas canarias en el Atlántico), sino que también comparten fronteras terrestres en Ceuta y Melilla. Esto se traduce, entre otras cosas, en numerosas vías de inmigración ilegal para España y hace sumamente importante la colaboración con Marruecos para controlarla. No obstante, cabe preguntarse a qué precio los gobiernos españoles se han ido alejando progresivamente de los intereses saharauis para mantener una política de buena vecindad con Marruecos.
La responsabilidad de España sobre la situación actual en el Sáhara ha sido reconocida en un reciente informe solicitado por el Consejo de Seguridad de la ONU (documento S/2002/161). En él se afirma que los Acuerdos Tripartitos de Madrid no hicieron potencias administradoras ni a Marruecos ni a Mauritania, por lo que desde el punto de vista jurídico el Sáhara Occidental continúa siendo un territorio no autónomo.
El sexto párrafo del informe, fechado el 29 de enero de 2002, cita lo siguiente: “El 14 de noviembre de 1975 España, Marruecos y Mauritania emitieron en Madrid una declaración de principios sobre el Sahara Occidental (el “Acuerdo de Madrid”), con arreglo al cual las facultades y responsabilidades de España, como Potencia administradora del Territorio, se transfirieron a una administración temporal tripartita. El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la autoridad administrativa sobre el Territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional del Sahara Occidental como Territorio no autónomo”.
Por tanto, la potencia administradora del territorio continúa siendo España en última instancia, aunque Marruecos es el administrador de facto de la mayor parte del territorio. A pesar de estas claras responsabilidades, las autoridades españolas se han anclado en posturas un tanto ambiguas, alineándose con las potencias occidentales. Así las cosas, la balanza parece inclinarse por la opción presentada por Marruecos de una autonomía para el Sáhara Occidental. Los sucesivos gobiernos españoles desde la Transición han tratado de adoptar una posición acorde con la legalidad internacional, pero desde que Felipe González afirmó en Tindouf: “Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final”, hasta hoy ha llovido mucho.
Un ejemplo de esto lo constituyen los altercados sucedidos en la precampaña de las pasadas elecciones. En un mitin
celebrado el 14 de abril de 2007 en Santa Cruz de Tenerife, José Luis Rodríguez Zapatero denominó en dos ocasiones “caladeros marroquíes” a lo que en realidad son caladeros saharauis, felicitándose por la reanudación de la actividad pesquera en los mismos. Esto provocó las protestas de un integrante del público, que fue detenido y sacado del recinto. Los acuerdos pesqueros de España y Marruecos en zona ocupada violan además las restricciones de comercio establecidas para los territorios no autónomos. Estos hechos muestran el giro que ha experimentado el Partido Socialista respecto a la situación del Sáhara Occidental.Por otra parte, es necesario señalar que desde el punto de vista geoestratégico España tiene ciertos motivos para intentar tener buenas relaciones con el país alauita. Ambos países no sólo comparten fronteras marítimas (el Estrecho de Gibraltar en el Mediterráneo y las aguas canarias en el Atlántico), sino que también comparten fronteras terrestres en Ceuta y Melilla. Esto se traduce, entre otras cosas, en numerosas vías de inmigración ilegal para España y hace sumamente importante la colaboración con Marruecos para controlarla. No obstante, cabe preguntarse a qué precio los gobiernos españoles se han ido alejando progresivamente de los intereses saharauis para mantener una política de buena vecindad con Marruecos.
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